El panorama laboral en Euskadi ha tocado fondo tras un 2025 especialmente trágico. Según el informe anual presentado esta mañana en Bilbao por la mayoría sindical, un total de 84 personas perdieron la vida en sus puestos de trabajo durante el pasado ejercicio. Esta cifra no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una tendencia alarmante que suma casi 700 fallecimientos en la última década, consolidando una crisis de seguridad que los sindicatos LAB, ESK, Steilas, EHNE-Etxalde e Hiru califican de «insostenible».
Durante la comparecencia, los portavoces sindicales han puesto el foco en la falta de medidas preventivas eficaces y en la creciente precariedad de las condiciones laborales. Han exigido de forma contundente a las administraciones públicas que dejen de mirar hacia otro lado y pongan fin a lo que consideran una «impunidad sistemática» de la patronal. Para estas organizaciones, detrás de cada estadística hay un incumplimiento de la normativa que podría haberse evitado con una vigilancia más estricta y sanciones ejemplares.
Un punto especialmente crítico de la denuncia ha sido la gestión de la información por parte de los organismos oficiales. Los sindicatos han revelado que los datos reales de fallecimientos han sido recopilados a través de su propia red de afiliación y de los medios de comunicación, acusando a Osalan de falta de transparencia. Según han criticado, los registros institucionales no reflejan la magnitud total de la tragedia, lo que dificulta el análisis real de los riesgos y posterga las soluciones necesarias para proteger la vida de la clase trabajadora.
