COVITE ha vinculado las últimas progresiones de grado de Olarra Guridi y Zabalo Beitia con lo que definen como una reiterada corrección por parte de los tribunales a los criterios penitenciarios del Ejecutivo de Vitoria. La asociación fundamenta su crítica en las recientes resoluciones del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que revocaron la flexibilización de régimen aplicada a los reclusos Soledad Iparraguirre y Juan Ramón Carasatorre. En este último procedimiento, las autoridades judiciales constataron deficiencias administrativas graves, como la inexistencia de un plan específico de tratamiento y la ausencia de una propuesta formal previa emitida por la Junta de Tratamiento de la propia prisión.
Para el colectivo de víctimas, los autos dictados por el juez José Luis Castro y las jurisprudencias previas de la Audiencia Nacional ratifican de forma sistemática que las cartas de arrepentimiento redactadas por los internos poseen un carácter meramente instrumental. La organización sostiene que los escritos que contienen fórmulas genéricas de asunción del daño carecen de validez legal si no se complementan con indicios inequívocos y demostrables de un distanciamiento real respecto a las estructuras que justificaron la violencia. Por este motivo, la entidad insiste en que las decisiones del Gobierno vasco suponen un menoscabo al derecho a la justicia de los afectados.
