Las pesquisas policiales han destapado que la organización criminal desarticulada contaba con el apoyo directo de gestorías y bufetes de abogados en el País Vasco para formalizar las solicitudes de extranjería, siendo plenamente conscientes de que la documentación aportada era falsa. Estos despachos profesionales permitían incluso tramitar los permisos de residencia a clientes que ni siquiera se encontraban en territorio nacional, bastando con el envío de fotocopias de pasaportes, justificantes médicos y aperturas de cuentas bancarias. Además, las indagaciones apuntan a que la red mantenía vínculos directos con la llegada de pateras desde Argelia a las costas españolas como fuente de captación.
La fase final de la operación policial incluyó la entrada y registro en dos gestorías y un bufete de abogados vinculados a la trama. En los registros, las fuerzas de seguridad intervinieron abundante material informático, documentación falsificada y más de 14.000 euros en dinero en efectivo. A los 19 detenidos en Euskadi se les imputan los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
