El PNV ha salido al paso del último informe de la UCO remarcando que sus contactos con el Gobierno central en relación a Tubos Reunidos se debieron exclusivamente a motivos socioeconómicos y laborales, rechazando cualquier nexo con la red corrupta investigada en la Audiencia Nacional. La respuesta jeltzale llega tras trascender que la Guardia Civil refleja en sus documentos el interés del expresidente de la formación, Andoni Ortuzar, por el rescate de la firma siderúrgica. La investigación dirigida por el juez Santiago Pedraz trata de esclarecer si el entramado delictivo cobró comisiones ilegales a cambio de facilitar la concesión del préstamo de 112,9 millones de euros a la compañía vasca.
Desde la formación nacionalista han argumentado que estas gestiones institucionales forman parte de su actividad ordinaria para amparar a empresas estratégicas y con fuerte arraigo en el empleo de la región. De este modo, equiparan las reuniones mantenidas por Tubos Reunidos con las que en su día se llevaron a cabo para interesarse por la viabilidad y el futuro de firmas como Talgo, CAF, BSH o Astilleros Balenciaga. Según explican fuentes del partido, el seguimiento de estas coyunturas empresariales busca proteger el bienestar económico general de la ciudadanía y es una práctica común compartida por otras fuerzas políticas del arco parlamentario.
Por todo ello, el PNV ha querido desligarse de forma rotunda de las pesquisas judiciales sobre las que se declara completamente ajeno. Los jeltzales niegan tener constancia o participación en las maniobras paralelas que hubieran podido ejecutar terceras personas de forma ilícita. Con esta posición, marcan distancias directas con las actuaciones de los principales implicados señalados por el tribunal, entre los que se encuentran la exmilitante socialista Leire Díez, el empresario Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández.
