El Gobierno Vasco ha dado su visto bueno a la partida de 25 millones de euros acordada por la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia para reforzar la atención de los jóvenes migrantes no acompañados en Ceuta. Pese al respaldo unánime a este fondo económico gestionado por el Ministerio de Juventud e Infancia, la representación vasca ha supeditado cualquier plan de traslado al análisis riguroso de cada expediente individual.
El director de Infancia, Adolescencia y Familias, Txema Ezkerra, ha indicado que en la comunidad autonómica entienden «la situación excepcional que vive Ceuta» y la necesidad de dotarla de recursos suficientes. Sin embargo, ha hecho hincapié en las limitaciones técnicas del modelo de reubicación: «la solución no puede ser trasladar a los menores de un territorio a otro». En este sentido, ha abogado por priorizar la localización de los entornos familiares antes de autorizar cualquier movimiento: «antes de cualquier derivación, el Estado debe agotar las vías para localizar a sus familias, valorar una posible reunificación y, solo si procede, plantear una derivación. La primera obligación del Estado no es repartir menores: es protegerlos».
Ante la alta ocupación que afronta el sistema vasco de acogida, Ezkerra ha demandado coordinación interinstitucional y un estricto cumplimiento del marco competencial. «Euskadi ha sido y seguirá siendo solidaria, pero no aceptará derivaciones impuestas, improvisadas o sin garantías. Ni decisiones unilaterales ni hechos consumados. Proteger antes que repartir», ha rematado el responsable autonómico.
