El Ejecutivo central ha dado luz verde a un real decreto-ley destinado a reforzar el marco de protección social para los hogares que afrontan situaciones de especial vulnerabilidad en el cuidado de menores. La medida, respaldada por una consignación anual de 820 millones de euros, busca atajar la precariedad económica que afecta a la mitad de los hogares monoparentales en el Estado, un colectivo mayoritariamente femenino que encabeza más de ocho de cada diez unidades de este tipo.
La principal novedad de la norma reside en la implantación de una acreditación oficial única de ámbito estatal para las familias monomarentales, permitiendo homogeneizar el acceso a ayudas públicas, vivienda y empleo en todas las comunidades. Adicionalmente, las estructuras monoparentales con dos o más hijos quedan equiparadas a las familias numerosas a todos los efectos legales, lo que otorgará ventajas tributarias directas de hasta 1.200 euros al año, bonificaciones tarifarias en el transporte y trato preferente en becas académicas.
La cobertura legal contempla asimismo los casos de guarda en exclusiva, ausencia prolongada de un progenitor y violencia de género dentro del concepto de monoparentalidad. La reforma beneficia también a las familias con dos descendientes en las que el padre o la madre acredite un grado de discapacidad del 33 % o superior, al tiempo que rebaja las condiciones económicas para que los hogares de cuatro o más hijos accedan a la categoría especial.
