La Ertzaintza ha detenido a un empresario de 38 años como presunto autor de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, tras una denuncia que destapó las duras condiciones en las que eran explotados varios ciudadanos extranjeros.
La investigación comenzó en enero de 2025, tras una alerta de los servicios sociales. Una persona acudió desesperada a pedir ayuda, ya que, pese a trabajar más de 10 horas diarias, incluidos fines de semana, no disponía de recursos suficientes, ni para comer. La víctima denunció haber sido captada con falsas promesas de regularización en España y sueldos de hasta 4.000 euros mensuales por instalar fibra óptica en domicilios y empresas.
El principal investigado por la Ertzaintza, un empresario de Logroño sin antecedentes penales, era el administrador único de dos empresas a través de las cuales captaba trabajadores tanto en España como en el extranjero. Las compañías eran subcontratadas por empresas instaladoras que trabajaban para operadoras de telecomunicaciones.
Las víctimas, en situación administrativa irregular, no eran dadas de alta en la Seguridad Social, y se les entregaban carnets falsificados a nombre de personas que sí figuraban como afiliadas. Esto permitía al empresario emplear simultáneamente a varias personas con una única alta legal. Supuestamente, el empresario se quedaba con el 75% del importe generado por cada instalación. Del 25% restante, descontaba a los trabajadores gastos por gasolina, alojamiento, supuestas deudas y un 8% adicional por trabajar sin papeles, dejándolos en una situación económica de extrema vulnerabilidad.
Dos detenciones en Idiazabal y Logroño
A la primera denuncia ya se han sumado otras cuatro, y se prevé que el número de víctimas aumente tras la detención del investigado, practicada este pasado 8 de mayo en la localidad guipuzcoana de Idiazabal.
Tras la primera detención, el Juzgado de Instrucción número 3 de Durango autorizó entradas y registros en Miranda de Ebro y Logroño, donde, con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía, se detuvo también a una mujer de 32 años presuntamente implicada en los hechos.
El principal investigado ha sido puesto a disposición judicial. Además del delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, se le imputan delitos contra los derechos de los trabajadores, tráfico ilegal de personas, falsificación documental y otros delitos conexos.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones ni la localización de más víctimas en otras comunidades autónomas. Posiblemente, hay personas que aún temen denunciar por miedo a represalias.
