La vía judicial penal por el caso de las vacunas caducadas en Osakidetza ha quedado cerrada después de que la Fiscalía acordara el archivo definitivo de las diligencias de investigación. El decreto judicial argumenta que las dosis suministradas no causaron perjuicios físicos demostrables en los menores, por lo que el suceso se tipifica como una negligencia o falta de cuidado que no es sancionable mediante el Código Penal. No obstante, el escrito de la Fiscalía lanza un aviso al advertir que parte de la documentación aportada por Osakidetza presentaba comunicaciones incompletas que rompían la trazabilidad.
La resolución llega meses después de que se conociera que decenas de niños recibieron dosis fuera de fecha, lo que obligó a Osakidetza a crear un Comité de Trazabilidad. Dicho órgano concluyó que el error se debió a una acumulación excesiva de existencias compradas en 2023 y a fallos en el registro informático. El consejero de Salud, Alberto Martínez, reafirmó en su día la seguridad de la red de vacunación y puso en marcha reformas inmediatas, tales como la designación de un supervisor específico en cada ambulatorio y la revisión de las adquisiciones.
