La recién presentada «Ley de Medidas Urgentes de Simplificación y Agilización para la Actividad Económica Sostenible» sitúa a Euskadi al frente de la desburocratización industrial, adaptando sus estructuras a la normativa europea de reindustrialización y autonomía estratégica. Mientras que directrices comunitarias como la Net-Zero Industry Act fijan un umbral máximo de un año para conceder las licencias a los proyectos de interés público, la legislación vasca reduce esa exigencia a la mitad, comprometiéndose a dar una resolución en un periodo máximo de seis meses.
La reforma legislativa introduce modificaciones de calado en varias normativas en vigor y aprovecha las competencias asumidas por la comunidad autónoma en materia de gestión del litoral para facilitar los permisos en la costa. Asimismo, los sectores ganadero, agrícola y pesquero experimentarán un cambio sustancial en sus relaciones con las instituciones de la Administración. El nuevo modelo se basa en el principio de que los usuarios no tengan que entregar documentos que ya posea la Administración, además de armonizar y agrupar las distintas inspecciones presenciales que reciben las empresas de alimentación.
Esta estrategia responde a un compromiso de país asumido por el Ejecutivo para evitar la pérdida de oportunidades económicas en el escenario global. En el ámbito municipal, la ley establece que las licencias de obras quedarán integradas en el proceso preferente, habilitando un periodo máximo de consulta previa de un mes para que las entidades locales emitan su respuesta oficial, garantizando la seguridad jurídica indispensable para el desarrollo de los sectores de la energía y el medio ambiente.
