El Órgano Administrativo de Recursos Contratuales (OARC), adscrito al Gobierno Vasco, ha invalidado la licitación doble con la que Osakidetza pretendía adjudicar los servicios de transporte sanitario urgente y programado, un contrato que alcanza un techo estimado de 1.359 millones de euros incluidas sus eventuales prórrogas. Tras analizar las reclamaciones presentadas por sindicatos como LAB y ESK —además de LSB-USO, una patronal y ELA, que desistió previamente—, el tribunal administrativo concluye que el Departamento de Salud no ha aportado justificación suficiente para recurrir a empresas externas en lugar de gestionar el servicio con medios propios, modelo que ya emplea en las UVI móviles.
Aunque desestima otras alegaciones de los pliegos publicados el pasado verano, el OARC sostiene que la falta de motivación sobre la incapacidad de asumir la prestación directamente invalida todo el procedimiento. En los fundamentos de su resolución, advierte de que “no se discute la potestad de autoorganización de la que dispone el poder adjudicador para gestionar los servicios de su competencia y decidir, entre otras cuestiones, si deben prestarse con medios propios o contratados al efecto. Sin embargo, dicha potestad discrecional tiene como límite el respeto del ordenamiento jurídico”.
El fallo supone un revés para la hoja de ruta del Departamento dirigido por Alberto Martínez, que buscaba regularizar el mapa del transporte sanitario el 1 de enero de 2027 después de dos años de adjudicaciones transitorias tras la ruptura en noviembre de 2024 con la empresa catalana Grup La Pau por impagos y deficiencias en Álava y Bizkaia. Desde aquella rescisión, Ambulancias Gipuzkoa cubre Gipuzkoa y Álava, mientras que la alianza Bizkanb (formada por Sanir, filial de Alsa, y Baztan-Bidasoa) opera en Bizkaia. Tras conocerse la decisión, LAB ha reivindicado que la normativa “establece la preferencia por la gestión pública directa”, celebrando que se detenga el “desvío” de cerca de 1.400 millones “a manos privadas” y reclamando la “publificación integral” del servicio; en la misma línea, ESK ha asegurado que “esta resolución muestra claramente que las vías de las privatizaciones no sólo no están justificadas sino que suponen un menoscabo para la asistencia sanitaria y las condiciones laborales de las plantillas subcontratadas”.









