La modificación de la Ley de Empleo Público saldrá adelante este jueves en la Cámara de Vitoria tras el consenso político tejido entre el PNV y EH Bildu. La coalición soberanista optará por la abstención para viabilizar el texto legal redactado por los jeltzales, una maniobra con la que ambas formaciones buscan articular un cortafuegos frente a los recientes reveses judiciales que han tumbado la exigencia de perfiles lingüísticos en las convocatorias oficiales.
El pacto alcanzado por ambas fuerzas políticas incluye el cumplimiento de cinco grandes directrices para monitorizar la norma. La izquierda abertzale considera que la propuesta del Gobierno Vasco es una solución transitoria adecuada y prudente desde el punto de vista técnico para contener la actual ofensiva judicial. Para garantizar su correcto funcionamiento, se constituirá de forma inmediata una comisión especializada que medirá de manera objetiva el impacto real y la utilidad de las nuevas medidas.
Este acuerdo parlamentario nace con una hoja de ruta muy definida para los próximos tres años, espacio en el que el grupo de trabajo se reunirá cada cuatro meses. Durante este tiempo, los técnicos examinarán de cerca cómo aplican los ayuntamientos y las instituciones los nuevos criterios, vigilarán la tendencia de las sentencias y analizarán al detalle los dictámenes del Tribunal Constitucional para corregir posibles vacíos legales que dejen desprotegidos a los ciudadanos.
Las dos formaciones han dejado claro que este cambio normativo no es un cheque en blanco, por lo que si la jurisprudencia sigue invalidando el uso del euskera en el acceso laboral, darán por agotada la reforma. De darse este escenario de ineficacia, se iniciarán los trabajos para redactar un proyecto de ley completamente nuevo y mucho más ambicioso, inspirado en los modelos de éxito de otras comunidades bilingües como Cataluña o Galicia.
