La prescripción de más de 18.600 expedientes desde 2022 ha impedido a la Administración vasca recuperar 38 millones de euros abonados por error a perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos. Solo en la primera mitad del año, Lanbide ha tramitado una media de 222 exigencias de reintegro al día para reclamar 29,5 millones de euros, una problemática atribuida a fallos en la coordinación de datos y a demoras en la actualización de las situaciones de los beneficiarios.
El recorte del plazo de prescripción —que pasó de cuatro a dos años con la entrada en vigor de la nueva norma en 2023— busca dar protección legal a colectivos en riesgo de exclusión, aunque acelera el vencimiento de las deudas. A pesar de estas pérdidas, el refuerzo del equipo de inspección y la simplificación de los trámites de cobro permitieron al organismo ingresar 43,4 millones de euros el año pasado por cuantías devueltas.
