La Audiencia de Gipuzkoa acoge desde hoy el juicio contra un empresario guipuzcoano acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores, para quien el Ministerio Fiscal solicita una pena de tres años de cárcel. El procesado se sienta en el banquillo tras haber contratado supuestamente de forma ilegal a ocho personas en situación administrativa irregular —cinco hombres y tres mujeres— a lo largo del año 2019.
Según sostiene el escrito provisional de la acusación pública, el encausado abusó de la situación de necesidad y vulnerabilidad de las víctimas. A todas ellas les prometió la regularización de su estatus legal y su correspondiente alta en la Seguridad Social, compromisos que jamás llegó a formalizar mientras las sometía a jornadas abusivas de hasta 14 horas en labores de limpieza, mantenimiento, hostelería o conducción de maquinaria.
Las investigaciones recogen además condiciones laborales extremas, como el desarrollo de tareas en naves sin iluminación ni salubridad, el impago de los salarios pactados y presuntas amenazas de deportación cuando los afectados reclamaban sus emolumentos. La Fiscalía refleja asimismo en sus conclusiones que el procesado presentaba en el momento de los hechos una afectación moderada en sus facultades por trastornos psíquicos y de adicción.
