Las Juntas Generales de Bizkaia han dado luz verde al texto elaborado por el departamento de Acción Social de la Diputación Foral que incorpora y regula el Instituto para la Provisión de Medidas de Apoyo, Gaikuntza que vendrá a sustituir a lo que hasta ahora ha sido el Instituto Tutelar de Bizkaia (ITB). El nuevo texto normativo viene a adaptar la normativa foral por la entrada en vigor de la Ley 8/2021 que suprimía la incapacitación judicial, lo que obligaba a modificar la normativa foral 9/2000, de 31 de octubre.
Durante más de 20 años, la función del Instituto Tutelar de Bizkaia (ITB) ha sido el ejercicio de la tutela y curatela de las y los mayores de edad residentes en Bizkaia que ven modificada su capacidad mediante una resolución judicial, así como la defensa ante los tribunales de quienes estuvieran sometidos a un proceso de modificación de la capacidad. Esta nueva norma foral adapta el contenido de la Norma Foral de creación del Instituto Tutelar de Bizkaia al nuevo marco jurídico y al nuevo paradigma de la discapacidad.
La propuesta de norma foral aprobada hoy por la Cámara foral se estructura en 6 artículos y tiene como objetivo principal sustituir la tutela por un nuevo sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica donde se respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, lo que significa, tal y como ha subrayado el diputado foral de Acción Social, Sergio Murillo, «un nuevo paradigma para las personas con discapacidad que, a nivel jurídico, son siempre titulares de derechos, y lo que les daremos serán apoyos».
En el nuevo Instituto para la Provisión de Medidas de Apoyo, Gaikuntza se eliminará la tutela para los mayores de edad. Eso sí, se contempla la curatela asistencial y la curatela representativa, ésta última de manera excepcional, como medidas judiciales de apoyo que ofrecerá el Instituto foral.
Otro cambio importante que recoge la Norma Foral aprobada, destacado por el diputado foral, es que la Justicia tendrá que hacer «un traje a medida para cada persona estableciendo los apoyos judiciales concretos que necesite la persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad, a lo que la Diputación tendrá que responder a través del nuevo organismo. Todas las instituciones nos vamos alineando en forma y fondo con la mayor personalización de nuestras respuestas a las personas que necesitan apoyos», ha señalado Sergio Murilllo durante su intervención en la sesión plenaria.
La modificación normativa es una adaptación a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad, conocida como la Convención de Nueva York, de 2006 que estableció una nueva hoja de ruta para los derechos de las personas con discapacidad, y a la Ley 8/2021, de 2 de junio, en la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
