Las instituciones autonómicas han dado luz verde a un decreto que reestructura el funcionamiento de los campamentos y el ocio educativo en el territorio, sustituyendo un reglamento desfasado que operaba desde 1985. La actualización normativa busca blindar el bienestar físico y emocional de la infancia en las actividades extraescolares y de tiempo libre, un movimiento legislativo acelerado tras las reclamaciones judiciales presentadas por los entornos de los afectados a raíz de un caso de abusos en un campamento alavés.
La gran novedad del texto es el requerimiento de un comisionado específico encargado de velar por la integridad de los menores en la organización. Este perfil asumirá la tarea de revisar los historiales penales de los empleados para descartar infracciones de carácter sexual, divulgar los planes de contingencia frente al maltrato y actuar como punto de apoyo directo ante cualquier sospecha. La normativa afectará a todas las propuestas de entretenimiento que incluyan tres o más pernoctas o se prolonguen durante un mínimo de cuatro jornadas consecutivas.
Asimismo, se contempla un incremento notable en las plantillas destinadas a la supervisión. El nuevo esquema prohíbe dejar a los grupos bajo la tutela de un único monitor, estableciendo un suelo mínimo de dos cuidadores y obligando a incorporar un educador adicional por cada franja de diez niños en cuanto el grupo rebase los veinte inscritos. Del mismo modo, la gestión del evento recaerá en un director titulado, requiriéndose un segundo mando si la afluencia supera el centenar de usuarios.
La puesta en marcha de los servicios quedará sujeta a una declaración formal previa en la que las firmas organizadoras certificarán tanto las competencias del equipo humano como la vigencia de sus pólizas de cobertura civil. La administración ha concedido una prórroga de tres meses desde la publicación del documento oficial para que las agrupaciones del sector adapten sus estructuras a las nuevas cuotas de personal exigidas.
