El Gobierno vasco abordará un análisis pormenorizado del reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para integrar sus criterios en la elaboración del futuro decreto sobre el euskera en las instituciones. Desde la Consejería de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea ha indicado que la resolución judicial centra su dictamen en un defecto de forma en la memoria de costes, dejando al margen de cuestionamiento la meta de garantizar los derechos lingüísticos ante la administración.
La labor de adaptación reglamentaria se encontraba ya iniciada antes del fallo judicial para dar cumplimiento a la revisión de la Ley de Empleo Público autonómica. Con el examen exhaustivo de las consideraciones del tribunal, la Consejería busca subsanar los requisitos procedimentales y reforzar la estabilidad del marco normativo que regulará la presencia del euskera en el sector público.
El gabinete autonómico cuenta con un periodo de treinta días desde la notificación oficial de la sentencia para decidir si interpone recurso, dado que la resolución no ha adquirido carácter firme. En paralelo a la evaluación legal, la tramitación del nuevo texto proseguirá con el fin de consolidar la seguridad jurídica requerida en el proceso.
