La patronal ha reaccionado con firmeza ante la huelga general de 24 horas anunciada por CCOO y UGT para este otoño. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han tachado la movilización de «inadmisible», sosteniendo que se trata de un órdago de índole política y presupuestaria que pretende influir en las administraciones públicas y en el escenario preelectoral. Los servicios jurídicos de la patronal analizarán el preaviso formal en cuanto los sindicatos fijen la fecha definitiva —en coordinación con el Sindicato de Inquilinas— para valorar posibles acciones legales si consideran que vulnera la normativa sobre huelgas de carácter político.
Por el contrario, el Ministerio de Trabajo ha respaldado el movimiento sindical apelando al libre ejercicio del derecho constitucional a la huelga y señalando que el problema habitacional afecta directamente a la clase trabajadora. Para asegurar la cobertura legal de la protesta, los sindicatos mayoritarios han vinculado directamente la crisis de la vivienda con el ámbito laboral, denunciando que la brecha entre la inflación y los salarios actuales impide a miles de familias hacer frente al coste de un hogar.
