La validez de los expedientes de contratación firmados por el anterior responsable de seguridad de Osakidetza se mantiene intacta tras el último pronunciamiento del OARC. El organismo ha rechazado auditar los contratos de grandes empresas de vigilancia como Prosegur y ALSE, a pesar de que la documentación técnica fue supervisada por un directivo que falseó su currículum para acceder a un sueldo superior a los 60.000 euros anuales.
El caso de Juan José Quiñones, que ya se encuentra bajo investigación penal en un juzgado de Vitoria, no afectará por ahora a la operativa de los servicios de seguridad en los centros sanitarios. El órgano administrativo considera que la denuncia planteada carecía de la concreción necesaria y que su función no es actuar como un inspector general de las habilitaciones profesionales de los técnicos que intervienen en los procesos.
Los contratos afectados incluyen partidas millonarias destinadas a la vigilancia de la red de salud mental y de los centros sanitarios en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. Aunque la vía administrativa se ha agotado con esta resolución del 13 de marzo, la sombra de la irregularidad sobre la etapa de Quiñones en el Servicio Vasco de Salud continúa siendo analizada en el ámbito judicial de lo penal.
