La reforma normativa emprendida por el Ejecutivo autonómico introduce modificaciones de calado en las condiciones financieras del programa Bizigune para reactivar la captación de pisos particulares vacíos. La estrategia central consiste en ofrecer una compensación económica más atractiva a los propietarios que decidan ceder sus inmuebles para fines sociales, elevando la retribución ordinaria hasta los 700 euros al mes. De forma simultánea, se han flexibilizado las condiciones de demanda, posibilitando que las unidades familiares con ingresos de hasta 46.463 euros anuales puedan optar a estas viviendas.
El nuevo marco legal resulta especialmente ventajoso para los arrendadores de los municipios calificados como áreas tensionadas, donde el canon de compensación de la administración puede llegar a cubrir el 95% del valor medio de los alquileres oficiales. Esta fórmula ya ha dejado notar sus efectos en San Sebastián, donde la asignación máxima que puede percibir un propietario ha escalado sustancialmente hasta establecerse en 1.008 euros mensuales, superando con creces la antigua limitación que se situaba en los 675 euros.
Desde la delegación de Vivienda detallan que, si bien la incorporación física de nuevos inmuebles requiere de unos plazos documentales más pausados que la tramitación de ayudas directas, los primeros indicadores resultan muy favorables. El repunte en el interés se está manifestando con fuerza en los procesos de prórroga contractual, logrando que muchos propietarios cuyos convenios estaban a punto de caducar hayan decidido prolongar su vinculación con Bizigune atraídos por el nuevo esquema de retribuciones públicas.
