El Parlamento Vasco ha respaldado este jueves una propuesta del PSE-EE que fija directrices para evitar la difusión del origen nacional o geográfico de las personas detenidas por parte de las instituciones públicas. La medida ha salido adelante con los votos a favor de la formación socialista, EH Bildu y Sumar, la abstención del PNV —socio de los socialistas en el Gobierno autonómico— y el voto en contra del Partido Popular y Vox.
El texto aprobado concluye que la procedencia de un individuo no explica ni predice la comisión de un delito. A través de esta resolución, la Cámara de Vitoria apela al marco del Pacto Social Vasco por la Migración para instar al Ejecutivo autonómico a combatir los discursos que asocian la inmigración con un problema de seguridad, exigiendo máxima cautela en los canales oficiales y policiales para impedir la creación de estigmas o relatos discriminatorios.
La iniciativa establece además que, en aquellos escenarios en los que el Gobierno se vea obligado a facilitar datos sobre la procedencia de los arrestados —como en respuestas a preguntas parlamentarias—, la información deberá trasladarse de forma integral y contextualizada. Con este resultado, el Parlamento oficializa su rechazo a vincular la migración con la delincuencia, evidenciando posiciones distintas entre los dos socios del gabinete autonómico en materia de comunicación e inmigración.
