Una resolución administrativa ha impuesto una sanción de 40.000 euros a Osakidetza después de que el Hospital de Cruces denegara un implante de válvula aórtica a una vizcaína de 90 años. El centro de referencia descartó a la paciente sin una evaluación presencial, lo que empujó a la familia a recurrir a la sanidad privada para salvar su vida. En el centro privado se le practicó la misma técnica mínimamente invasiva que Cruces consideró inasumible por su supuesta fragilidad.
La intervención en la clínica privada fue un éxito absoluto y la mujer pudo regresar a su residencia con una salud estable. La indemnización reconoce ahora que el servicio público erró al negar el tratamiento, ya que la evolución de la paciente en la sanidad privada demostró que estaba en condiciones de recibir la válvula. El fallo compensa así el perjuicio causado a una familia que tuvo que buscar alternativas externas ante la falta de respuesta del hospital vizcaíno.
