COVITE ha alertado sobre una supuesta falta de claridad en la gestión de la política penitenciaria por parte del Ejecutivo autonómico. Según el colectivo, el Gobierno vasco notifica oficialmente terceros grados bajo el artículo 83, que obliga al interno a regresar a prisión para pernoctar; sin embargo, aseguran haber constatado que el 90 % de estos casos terminan ejecutándose mediante el artículo 86. Esta modalidad permite al preso permanecer en su domicilio con una pulsera telemática, lo que en la práctica supone una «libertad casi total» sin pasar por el centro penitenciario.
Desde la asociación de víctimas califican esta práctica de «engaño intolerable» y exigen que se informe puntualmente de cada cambio en la modalidad de cumplimiento de las condenas. COVITE sostiene que esta dinámica responde a un intento de vaciar las cárceles sin exigir una verdadera desvinculación del entorno de la izquierda abertzale. Asimismo, han señalado la responsabilidad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional por no recurrir de forma sistemática estas decisiones, permitiendo que la semilibertad se consolide bajo una apariencia de legalidad que, a su juicio, genera una profunda sensación de impunidad.
